De izq. a der.: José C. Delgado, Victoriano Huerta y Abraham F. Ratner.
Victoriano Huerta, al llegar al poder, se volvió un dictador que anuló la democracia y la libertad por medio de la fuerza militar. Huerta recibió el apoyo de los grandes hacendados, altos mandos militares, del clero y de casi todos los gobernadores, a excepción de José María Maytorena, gobernador de Sonora, y de Venustiano Carranza, gobernador de Coahuila. La gestión huertista se propuso entonces dos metas: lograr la pacificación del país y lograr el reconocimiento internacional de su gobierno, especialmente por parte de los Estados Unidos.
Intentó conseguir el apoyo de orozquistas y zapatistas, concediendo amnistías generales y enviando representantes. Pascual Orozco puso algunas condiciones que le fueron otorgadas, como el empleo de guardias rurales para sus soldados, pago de sueldos a costa del erario y pensiones a viudas y huérfanos, por lo que el 27 de febrero de 1913 Orozco hizo oficial su apoyo al gobierno. Zapata, por su parte, rechazó tajantemente cualquier oferta, por lo que el movimiento morelense continuó su lucha contra el gobierno de Huerta.
La Cámara de Diputados se opuso al gobierno huertista e incluso la facción maderista fue sumamente crítica con sus acciones. Belisario Domínguez, diputado chiapaneco, escribió un discurso en el que condenaba la violencia desatada y acusó a Victoriano Huerta de asesino. Después de ser prohibida su lectura en el Congreso por parte de la Cámara de Senadores, lo difundió por escrito. Poco tiempo después fue asesinado y cuando los miembros de la Cámara exigieron que se investigara su muerte y se garantizara la vida de los miembros del Poder Legislativo, Huerta decidió disolver la Cámara y mandó arrestar a varios de sus miembros. Cuando la Cámara de Senadores tuvo conocimiento de estos hechos sus miembros acordaron disolver su propia Cámara, por lo que Huerta asumió facultades extraordinarias.
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