Para finales de 1853 el poder supremo de Antonio López de Santa Anna había llegado a niveles tan elevados que el descontento en las clases políticas del país no tardaría en manifestarse.
Para colmo, el 16 de diciembre se expidió un decreto, derivado del “Acta de Guadalajara“, en el que se confería al dictador una serie de prerrogativas propias de un emperador. Entre ellas la facultad de mantenerse en el poder el tiempo que fuese necesario, la posibilidad de nombrar sucesor y hasta el tratamiento a su persona como “Alteza Serenísima“.
Este documento, que fue corregido diez días después en Acapulco para complacer a los moderados, plasmaba un conjunto de exigencias que darían origen a lo que posteriormente se llamaría “La Revolución de Ayutla“.
El plan básicamente se centraba en tres postulados: la inmediata renuncia al poder de López de Santa Anna, la creación de una Junta de Representantes de que designara un presidente interino (cargo que finalmente recayó en Juan N. Álvarez) y la realización de un Congreso Constituyente.
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